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¿POR QUÉ PAGAR IMPUESTOS SI NO SE REVIERTE EN LA GENTE?

Acusan a Tributación de perseguir en forma extorsiva a contribuyentes

 

Ángel Devaca Pavón, conocido auditor de nuestro medio, veterano dirigente del Consejo de Contadores y profesor de la Universidad Católica, critica en forma ácida a la actual administración tributaria, por una resolución que quiere imponer a los profesionales, al punto de la extorsión, considerada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. En esta entrevista asegura que el despilfarro sigue y que las víctimas son los contribuyentes.

–¿Cómo se entiende esa guerra judicial de los auditores con la administración tributaria?

–Tenemos problemas con la administración tributaria. La viceministra, Marta González, sacó una resolución, la 29, que establece una serie de exigencias que nosotros consideramos ilegal.

–¿Qué pide?

–Entre otras tantas barbaridades, exige el título de doctor para ejercer la Contaduría Pública, el auditor, en realidad.

–¿Por qué?

–Dice que va a mejorar la calidad del trabajo profesional y no es cierto. Ahora le está inscribiendo incluso a gente que está procesada por la fiscalía por delitos y margina a los que estamos desde hace tiempo en este trabajo y que reunimos todos los requerimientos legales para hacerlo. Salió un día y nos dijo: “Si ustedes creen que no es legal lo que estoy haciendo, vayan y reclamen a la Corte”. Eso salió en los diarios.

–Y fueron a la Corte.

–Fuimos a la Corte y le ganamos. El 30 de diciembre fue notificada la SET (Subsecretaría de Estado de Tributación). La sentencia dice que la resolución 29, completa, es inconstitucional.

–¿Pide el doctorado en Ciencias Contables para hacer auditoría?

–Es una barbaridad. La resolución 29 tiene 35 artículos que piden cosas de cumplimiento imposible.

–¿Por ejemplo?

–Por ejemplo, uno de los artículos dice que el auditor tiene que delatarle a su cliente si el Estado le pide. Claro, no usa la palabra delatar pero dice que el auditor, si cree que una factura no es legal o es trucha, “si cree”, le tiene que informar a la administración tributaria sin que se entere el cliente. Eso es lisa y llanamente delatar al cliente. Por ejemplo, se obliga a todos los auditores a ser responsables por el 100% de las transacciones de la empresa auditada, y eso es imposible. No hay auditor que pueda hacer eso. Nosotros recurrimos y la Corte Suprema nos dio la razón. Ella sacó un comunicado a nombre del ministerio. Rechazó la resolución judicial. Entonces, si yo hago un informe de auditoría, mi cliente va con esos documentos a Tributación y la Subsecretaría le responde: “No, su auditor no está registrado en la resolución 29”. La sentencia de la Corte declaró ilegal esa resolución.

–Si es descabellado, ¿por qué insiste?

–Pareciera que hay interés de por medio, ¡claro!, la viceministra tiene una firma auditora.

–¿Tiene empresa de auditoría?

–Claaro. Ella es socia, o fue mucho tiempo socia de Audicon. Ahora dice que renunció, pero su marido es socio.

–¿Qué pretende?

–Quiere hacer creer que defiende la administración tributaria. Tributación saca avisos y les advierte a los contribuyentes que tienen que contratar solo a los que obedecen la resolución 29. En nombre del Estado, a sabiendas de una sentencia de la Corte alienta la ilegalidad. Un cliente de mi firma auditora presentó el lunes sus documentos y no le aceptó.

–¿Quiénes son los reconocidos por la SET?

–Inscribe a gente que no tiene estructura, gente que utiliza el nombre de otras personas para registrarse, pero ella las considera calificadas para hacer auditoría. Al mismo tiempo descalifica a firmas internacionales de renombre, como Price Water House Cooper, entre otros, a mi firma misma (CICE), por más pequeña que sea. La resolución 29 tiene dos categorías y a nosotros, que seguimos regidos por la resolución 20 gracias a la sentencia de la Corte, nos pone como de tercera categoría y encima advierte a los contribuyentes que constituimos un riesgo para ellos. Imagínese, estamos hablando de empresas reconocidas internacionalmente. ¿Quién es el inversionista del exterior que va a pensar arriesgar su capital si sabe que las altas autoridades de la hacienda pública califican de nivel de riesgo elevado a las firmas de auditoría Nº 1 y 2 del mundo? Es patético. Y encima desobedece las decisiones judiciales. Su resolución 29, repito, es inaplicable.

–¿Es la que se presenta como candidata a contralora?

–Exactamente. Ojalá que se vaya ahí, así vemos si se anima a arreglarle un poco sus cuentas a los políticos que siguen con el despilfarro del dinero de los contribuyentes... Puedo hablar con propiedad que esta señora tiene antecedentes de desprolijidades en la profesión, como la firma de balances que no cuadran. Hay estados financieros publicados donde el activo es mucho mayor que el total de pasivo y patrimonio neto. Está su firma. Confunde auditoría con trabajo de revisión. También parece narcisista. Quiere que se use un trabajo que ella presentó como suyo en una conferencia interamericana. Es una falta de respeto.

–¿El quebranto de los contadores auditores es de cuándo?

–Desde que asumió hace dos años. Hasta antes de asumir nos llamaba y nos decía que quería hacer bien las cosas y le dijimos que le íbamos a ayudar. Asumió y al día siguiente comenzó a perseguir a los colegas.

–El objetivo dicen que es para un mejor control.

–¡Qué mejor control! Está el caso este de la megaevasión que denunció la Subsecretaría. Una de las firmas auditoras que registró es la PKF de Walter Hermosa, que está con juicio oral y público. Nosotros le preguntamos: “¿Dónde está su control?” y dijo: “Es inocente hasta que se demuestre lo contrario”. Y a nosotros nos persigue sin que estemos sospechados y menos imputados por nada. Al final uno concluye que la ley es redactada y sancionada por los funcionarios y políticos para defender sus intereses y no los intereses de la ciudadanía. Por eso es que vemos a menudo estos escándalos con planilleros, parientes, esposas, hijas, sobrinas, amantes... y cuando el despilfarro es grande nos atosigan queriendo imponernos leyes inconstitucionales en forma extorsiva. Encima mienten. La viceministra dijo que fue el mejor año y la realidad es que fue la peor gestión fiscal en 13 años.

–¿Puede graficar mejor?

–En 2003 o 2004, o 13 años atrás, hubo una crisis muy fuerte. Se tuvo un déficit muy grande. En el año 2007 hubo 3% de superávit fiscal. Fue el mejor año. Según la prensa, este año (2015), es 1,8% el déficit fiscal. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece 1,5% máximo sobre el PIB. En la gestión de la SET hay un 1,8% por encima de la ley. ¿Cómo se puede mentir tan abiertamente?

–¿Puede ser más específico en qué miente?

–Porque infla el ingreso. Allá por febrero dijo: “Superamos tanto por ciento”. Claro, el año pasado no había tantos impuestos. El año siguiente sí hubo nuevos impuestos, el Iragro, por ejemplo. Lógico, ella habla de superávit. Sin embargo, cuando compara años con años iguales, con el mismo impuesto, ahí ya no hay el superávit...

–El exministro de Hacienda Germán Rojas dijo una vez que los contadores son “cocineros de números”.

–Felizmente tuve la oportunidad de contestarle en público. “La cocinera de números es su viceministra, alguien que firma balances sin que cuadre el activo con el pasivo y el patrimonio neto”.

–¿Por qué lo dijo?

–Con eso quiso decir que todos los contadores se prestan a cuadrar al contribuyente lo que quiere. Ha de haber como en todas partes y en todas las profesiones, pero hay una mayoría de gente honesta en este país, que trabaja legalmente, aunque muchos quieren generalizar lo que vemos en forma corriente, que es la corrupción pública y la impunidad que le rodea.

–¿Qué opina de esta regla 2.0, de última generación, que propone el exministro de Hacienda de Chile (Felipe Larrain en una entrevista publicada el lunes pasado)?

–Él es chileno. Chile, aún con Augusto Pinochet estaba bien económicamente. Estableció lo que se llama ahorro interno. Hay una regla básica en economía que se llama “No hay cena gratis”.

–¿Qué es?

–Alguien paga la comida que comemos. Hay que generar riqueza para poder consumir. En Chile se generó lo que se llama “ahorro interno”: la jubilación privada.

–Es una mala palabra.

–Nos podrían condenar como comunistas, como en la época de Stroessner (ironiza). Pero mire, el IPS, cuántos miles de millones recauda? ¿Dónde está toda esa plata? La gente espera sentada en el suelo para que se le atienda. Se roban medicamentos por cantidades fabulosas y, ¿quién está preso? ¿Acaso hay una intervención rimbombante como le hicieron a un contador colega por sospechas de contabilidad trucha?

–¿Usted no cree esto que dice el gobierno: “transparencia, corrupción cero”?

–No se ve. Al cruzar la frontera, las rutas argentinas son envidiables, las brasileñas ni qué decir... Aquí solo vemos cráteres lunares. Y del lado argentino llovió tanto como del lado paraguayo. Es el mismo clima, la misma región.

–Uno está a la izquierda y el otro a la derecha del río.

–La diferencia en infraestructura es abismal. Cartes dijo el año pasado, en enero: “Ahora no hay más excusas: vamos a hacer obras y más obras. Tenemos dinero, las licitaciones están...”, bueno, ahora estamos en 2016, ¿Dónde están las obras? La novedad es que aumentó el peaje 100% y será de ida y de vuelta. El pueblo tiene el soberano derecho de rebelarse. ¿Para qué queremos pagar impuestos si no se revierte en los contribuyentes? Dejemos de pagar, a ver qué hacen.

–¿Usted activa en política?

–No, para nada. Es que uno está rabiado contra personas a las que conocemos muy bien y que han sufrido transformaciones extraordinarias estando en el poder. Lo que tenemos es impotencia, rabia, mucha rabia contra gente que está mintiendo. El régimen está preparado para expoliar al pobre, solamente al pobre. Quiénes son los que hacen la ley: los que manejan el poder, y lo manejan no de ahora, de siempre.

–¿La ley de impuesto a la renta personal hace justicia?

–No, de ninguna manera. Si quieren hacer justicia con la tributación, debería pagar el que tiene mayor poder adquisitivo y no el ciudadano común como ahora. El rango no incidido, tres salarios mínimos es demasiado poco, 36 en un año es nada. Tiene que ser 100 salarios mínimos, por decir cualquier número. Ahora tienen que pagar renta los que ganan cinco millones mensuales. Sacar del que gana 30 millones mensuales es justo, pero menos es sacar dinero del más pobre.

17 DE ENERO DE 2016.

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