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MANUEL PINHEIRO, VICEPresidenTE de la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FISCALES

Movilización popular fue la clave para perseguir a los corruptos en Brasil

 

Manuel Pinheiro, vicepresidente de la Asociación Internacional de Fiscales, relata la experiencia de los fiscales brasileños que consiguieron desentrañar una vasta red de corrupción en su país y que llevó a la cárcel a prominentes políticos, empresarios y funcionarios, casos Mensalão y Petrobras. En esta entrevista atribuye a la gran movilización popular de 2013 la clave que garantizó las investigaciones del ministerio público.

–¿Cuál es su especialidad?

–Soy máster en derecho constitucional por la Universidad de Santiago Compostela (España), fiscal de crímenes contra el orden tributario. Soy profesor de la Escuela Superior del Ministerio Público, fiscal del Estado de Ceará con sede en Fortaleza

–¿Desde cuándo en la Asociación Internacional de Fiscales?

–Desde el 2013. Estamos en 170 países del mundo...

–Crímenes contra el orden tributario. Es la profesión del momento para países como los nuestros...

–(sonríe) Es una de ellas, por la evasión fiscal, la corrupción. Son las dos puntas del ministerio público.

–Debe tener mucha experiencia con estos escándalos como el Mensalão y este último que saltó en Petrobras...

–Sí, sí. Estamos viviendo momentos importantes, momentos históricos para el ministerio público. Hemos podido investigar en profundidad a políticos y empresarios muy importantes en el escenario político y económico de Brasil. Con este caso del Mensalão, y ahora mismo el caso de la Petrobras, los fiscales han demostrado que en el Brasil de hoy todos los que cometen crímenes están sujetos por igual a los castigos que establece la ley.

–Los poderosos nunca van a la cárcel.

–En Brasil era así. Ningún senador, diputado, funcionario, magistrado o empresario iba a la cárcel...

–Intocables...

–Exactamente. Había una sensación generalizada de impunidad. Ahora ya no. Hay centenas de políticos, funcionarios y empresarios investigados, procesados o condenados.

–¿Cómo lograron sobreponerse a los intereses de los dueños del poder?

–El Ministerio Público en Brasil consiguió garantías de independencia que son muy fuertes. Hoy los fiscales tienen las mismas garantías que tienen los jueces.

–¿Qué garantías?

–Nosotros somos vitalicios en nuestros cargos. Tenemos la garantía de que nuestros sueldos no pueden ser reducidos y tenemos la garantía de que no podemos ser removidos de los casos que investigamos y procesamos. Estas garantías están establecidas en la Constitución.

–¿Cómo era en el pasado?

–Igual que en su país, las investigaciones eran hechas por la policía y la policía depende del Ejecutivo. Entonces, no hay independencia cuando un investigador empieza a tocar asuntos de los políticos poderosos, sean parlamentarios, gobernadores o intendentes. Hoy el fiscal tiene garantía de investigar hasta el final. Nadie puede interferir ni removerlo, igual que los jueces. Entonces, uno tiene seguridad de investigar en profundidad y trabajar con independencia. La sociedad brasileña protagonizó movilizaciones gigantescas en 2013 para asegurar que los políticos no torcieran en el Congreso las garantías que nos otorgaba la Constitución.

–¿La movilización fue la clave?

–Sí. El Congreso había amenazado con quitarnos nuestro poder de investigación criminal. Afortunadamente la población salió a la calle a rechazar la enmienda que pretendían introducir los políticos para que vuelva la investigación a la policía. Al estar incluida en la Constitución la garantía que nos amparaba, entonces nosotros pudimos hacer nuestro trabajo. Es muy difícil penetrar en los crímenes perpetrados por los poderosos, especialmente con los que tienen fuertes nexos con el poder político y económico, cuando uno no tiene las garantías fuertes como tenemos nosotros en Brasil.

–¿Qué querían recortar los políticos?

–Nuestro poder de investigación criminal. Querían que la investigación quede fuera el Ministerio Público. La policía es un órgano débil para investigar por su dependencia del Ejecutivo. Bajo ese sistema en el pasado, Brasil era un paraíso de la impunidad. La movilización de la población logró que esa enmienda sea rechazada. Miles se agolparon frente a la sede del Congreso para esperar la resolución que rechazaba la pretensión de algunos políticos influyentes. La corrupción rampante y la impunidad fueron una de las causas de la movilización popular. Fue un momento histórico importantísimo para nosotros.

–¿A partir de ahí pudieron desarrollar con éxito estos procesos para meter entre rejas a gente importante del Gobierno y del empresariado?

–Sí, sí. Cuando eso, el Mensalão ya era un caso muy importante. Este caso de Petrobras comenzaba a cobrar importancia. Pero además de estos, hay muchísimos casos en Brasil de investigaciones que están siendo conducidas por fiscales que involucran a empresarios, senadores, gobernadores, intendentes, concejales. Hay una nueva realidad en Brasil respecto a la impunidad.

–En Paraguay hay una preocupación parecida. Acá el Senado aprobó unas garantías para el desempeño de los fiscales en la investigación criminal, pero se dilata su aprobación en Diputados. Parece hierro candente...

–Yo estuve en 2013 en un congreso de fiscales en Ciudad del Este. He hablado con los representantes del ministerio público y me enteré que están detrás de la confirmación de magistrados. Yo estoy de acuerdo con ese argumento de los fiscales de que la ley tiene que ser aprobada para garantizar la independencia del Ministerio Público. Es muy importante que tanto el fiscal como el juez tengan la estabilidad, la inamovilidad como garantía de independencia. Estas no son garantías personales de los jueces y fiscales. Son garantías para los ciudadanos, para proteger los intereses de la sociedad, destinataria de la labor de jueces y fiscales.

–La constitución paraguaya establece garantías para la inamovilidad. Se adquiere después de un proceso de confirmación.

–Claro, se designa al fiscal para un mandato de cinco años y luego tienen que ser confirmados por la Corte Suprema.

–Hay una discusión por la terna...

–Es cierto. Se compone un listado con tres nombres y de estos se elige uno para ejercer el puesto de fiscal. Pero después, en el proceso de confirmación los fiscales argumentan que no es necesario componer una nueva terna y que es suficiente evaluar la probidad del fiscal durante su ejercicio de funciones en sus primeros cinco años. Lo que quiero dejar muy claro es que los fiscales no pueden depender siempre de una decisión que tiene matiz político para continuar siendo fiscales, así también como los jueces. Hay que garantizar su independencia. Si uno se pasa todo el tiempo buscando un sostén político para permanecer en el cargo, el sistema judicial no puede servir a la sociedad. ¿De qué combate al crimen podemos hablar?

Todo sistema debe tener frenos y contrapesos y un equilibrio entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial incluyendo el ministerio público. No puede un poder tener capacidad de influir de forma fuerte en otro poder. Lo que puede estar pasando en Paraguay es que el poder político, el Ejecutivo, el Legislativo, la clase política, tiene una influencia demasiado fuerte en el Poder Judicial. Esto puede causar un desequilibrio en el sistema de frenos y contrapesos. En una sociedad civilizada eso no está bien.

–Por qué es tan fácil robar al Estado...

–Tenemos controles muy débiles. La corrupción está en todas partes. Yo soy vicepresidente de la Asociación Internacional de Fiscales. La preocupación por la corrupción es global. Es el tema principal de discusión en todos los foros y eventos a los que asistimos.

–La preocupación es que los políticos no le tienen miedo a la justicia porque siempre salen impunes...

–Desde la perspectiva de Brasil por lo menos esto está cambiando. La sentencia en el caso del Mensalão ha tenido un fuerte poder simbólico. Ha pasado el mensaje de que todos somos iguales ante la ley. Hoy, por más dinero que tenga uno, por más influencia política que tenga, si es descubierto en hechos ilícitos, se va preso.

–Dónde es más grave la falta de garantías para ejercer el trabajo de fiscales en América Latina?

–Hay atentados contra los fiscales periódicamente. Tuvimos dos asesinatos en Honduras en octubre. Tuvimos este caso tan complicado en Argentina con el fiscal (Alberto) Nisman. En Brasil tuvimos un atentado contra un fiscal en Minas Gerais. Recibió ocho balazos. En Salvador fue asesinado otro. Hace falta más protección a la seguridad física. Nuestro papel no es fácil.

–De dónde provienen más las amenazas...

–En América Central, México, del crimen organizado. Tratan de interrumpir el trabajo de fiscales y jueces matándolos. Como asociación reclamamos a los Congresos más leyes que ofrezcan garantías. América Latina tiene este problema grave, más que otros países del mundo.

26 DE ABRIL DE 2015.

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