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PAGABAN TRUCULENTAS COIMAS A LOS STRONISTAS

Gobierno negocia con empresas que robaron al Estado, denuncia Peroni

 

El abogado Guillermo Peroni fue uno de los artífices del equipo conformado con el Dr. Alejandro Encina Marín tras la caída de la dictadura para destapar negociados de lacayos del stronismo en colusión con extranjeros inescrupulosos. Peroni denuncia que de nuevo revolotean compañías buitres sobre el país, las mismas que pagaron truculentas coimas a los entonces dueños del poder. Advierte en esta entrevista que en la Industria Nacional del Cemento (INC) admitieron a una que ya había formado parte de una estafa al Estado 30 años atrás.

–¿Usted dice que están volviendo empresas extranjeras que estafaron al Paraguay?

–¡Es una cosa de locos! Están contratando en la Industria Nacional del Cemento (INC) a una empresa extranjera que construyó ese elefante blanco por más de 400 millones de dólares en tiempos de Stroessner. Me alarma que en el Gobierno se ignoren tan nefastos antecedentes.

–¿Qué empresa es?

–En su diario se ha venido publicando. Se trata de la F.L. Smidth, aquella que proveyó de maquinaria a la INC a comienzos de los ochenta. Esta compañía formaba parte del consorcio francés Bceom, contratado por el gobierno de Stroessner para construir la cementera bajo la modalidad “llave en mano”, a través de la cual se canalizaban coimas escandalosas y comisiones convenidas tramposamente con sobrefacturaciones. El dinero ilícito iba directamente a las cuentas personales que abrieron los jerarcas del régimen en Suiza. Aquel consorcio jugó con el Paraguay. A mí me indigna que después de haberse comprobado los delitos que cometieron se los vuelva a contratar como si nada.

–¿Usted habla de aquel famoso caso que involucró al exministro de Industria y Comercio (Delfín Ugarte Centurión) y al presidente de INC (Ramón) Centurión Núñez?

–Exactamente. Es uno de los contados casos en que el Estado paraguayo pudo recuperar al menos una partecita de lo que robaron. El exministro Ugarte Centurión entregó cinco millones de dólares que le aceptó el entonces presidente (Andrés) Rodríguez.

–¿Cinco millones para no ir preso?

–Ya estaba preso cuatro años: un año en su casa y el resto en el hospital de Policía. Estuvo preso porque nosotros, los abogados con (Alejandro) Encina Marín presionamos. La pena (para ambos funcionarios) fue de seis años de penitenciaría y 10 de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

–¿Cuánto perdió el Estado por esa fábrica?

–El costo para el Paraguay fue sideral. En una planilla del Banco Central figura el monto total que se pagó. No solo se pagó por la planta, se pagaron los préstamos que se contrajeron con Francia y los préstamos particulares que se contrataron. Se pagaron además intereses y comisiones por sumas siderales, por más de 400 millones de dólares.

–¿Cuánto cuesta una fábrica así?

–Una empresa brasileña iba a invertir 70 millones de dólares, el grupo Santos, con la misma capacidad de producción, entre 450 y 500.000 toneladas anuales. Pero Ugarte se fue a Francia invitado y firmó allá un documento para la financiación de la planta de cemento y la distribución de la plata entre ellos a través de una empresa de su contacto, Jacques Soustelle, un exministro francés. Entre las empresas del consorcio Bceom que construyó INC estaba F. L. Smidth, la misma a la que el actual Gobierno está autorizando a volver después de la estafa.

–¿Para qué la están contratando?

–Para la transformación a carbón o a leña del horno de fueloíl. Me parece inadmisible. Están contratando a la misma firma estafadora.

–¿Quieren repetir la estrategia para desfondar al Estado?

–Que hagan licitaciones para mejorar o cambiar piezas que sean imprescindibles está bien, pero no que sirva de excusa para rehabilitar a una empresa como F.L. Smidth que nos robó alevosamente. ¿De qué sirvió todo el trabajo que hicimos y que los desenmascaró hace 25 años?

–¿Y si es buena oferta?

–No interesa, si ya sabemos que es estafadora. Me acuerdo que fui a Francia en nombre del gobierno del presidente (Andrés) Rodríguez. Pude hablar con el viceministro de Relaciones Exteriores. ¿Sabe qué me dijo?: “Señor, no se sorprenda. Es la única manera de hacer negocios en su país”. Imagínese. Por eso contratamos una abogada en Suiza para investigar en qué cuentas las empresas francesas depositaron las coimas.

–¿En qué cuentas?

–Los suizos nos ayudaron inmensamente gracias al tratado de asistencial judicial Paraguay-Suiza. Fueron ellos los que nos pasaron el detalle de las transferencias de Latin American Building Company, la empresa de Soustelle que distribuía la plata a los funcionarios paraguayos. Los suizos nos mandaron seis biblioratos con el detalle de las extracciones de todas las cuentas secretas. En el libelo acusatorio que condenó a Ugarte y a Centurión Núñez está todo explicado. Recuerdo que una de las carpetas tenía prendida una tarjeta con el nombre del funcionario de un banco francés. Tenía escrito el número de una cuenta bancaria que figuraba a nombre de Pedro Maier. Era el nombre ficticio de Delfín Ugarte Centurión.

–¿Cuánto dinero había?

–Había 27 millones de dólares.

–¡Un platal!

–Muchísimo dinero. Pero esta mi preocupación hoy no tiene la intención de volver sobre lo pasado y juzgado. Quiero advertir al público –ya que a las autoridades parece no importarles– que una de las empresas de ese consorcio que estafó sumas siderales al país está volviendo como si nada.

–¿Es necesaria esa obra que está licitando INC?

–No sabemos si es necesaria. Ellos dicen que sí. Lo condenable es que vuelva al Paraguay a hacer negocios con el Estado después del perjuicio que nos causó.

–Ningún extranjero fue condenado.

–Nadie, nunca. Jacques Soustelle estaba involucrado. Había pruebas concretas. Una de esas pruebas nos facilitó una señora. Se me acercó un día. Ella sabía lo que estábamos haciendo. Me dio un documento clave. Era el compromiso firmado de los representantes de Bceom. Decía textualmente: “Reconocemos una comisión del 8% a la firma Labco para ser distribuida entre los factores de decisión paraguayos, por todas las sumas que se perciban en cualquier concepto como consecuencia de la obra”.

–¿Factores de decisión: Ugarte, Centurión Núñez, el mismo Stroessner?

–Yo no quiero recordar más como le dije. Lo pasado pisado. Se hizo lo que se pudo. Fue uno de los contados casos –si no el único– en que se pudo apresar a los jerarcas del stronismo que robaron y que se cobró.

–Cobraron cinco millones, pero se embolsaron mucho más.

–Sí. Bajo el nombre ficticio de Maier había 27 millones de dólares, el monto total de coimas que se percibió. Pudieron haber sido montos que Ugarte manejaba en forma conjunta con Soustelle. Yo quiero insistir en que no se puede permitir que esta firma corruptora que participó de tan tremenda defraudación tenga que volver a participar en el Paraguay de una licitación, sabiendo que nos van a volver a estafar. Se creen que somos idiotas. Son empresas piratas que se creen con derecho de esquilmar a “paisitos” como el nuestro. Y acá se tira todo por la borda un trabajo enorme como el que hicimos en el 89.

–¿No hay empresas especializadas y por eso convocan a la misma?

–Debe haber cinco o seis en el mundo. Lo que pasa es que como fueron los fabricantes presumo que los actuales directivos de la INC creen que estos van a hacer un trabajo más barato. Hicieron una licitación pública internacional y no se presentó nadie, solo la F.L. Smidth. Pero hay que impugnarlos. Ellos no se pueden presentar por haber sido partícipe de una estafa al Estado paraguayo.

–¿Si no hay otra?

–¡Y no se hace! Que sigan produciendo con fueloíl.

–¿Y si pierde dinero?

–¡Pero siempre perdió! Lo que pasa es que la INC es un coto político al que se mantiene con mucho exceso de personal. Su finalidad evidentemente no es ganar plata, sino mantener asalariada a la gente. En algún momento hubo un proyecto de reducir el personal indemnizándolo con parte de las 37.000 hectáreas de excedentes que tenía la INC alrededor de la fábrica y que no prosperó.

–¿El caso de la estafa que involucró al argentino-uruguayo Gramont Berres es parecido?

–No tiene ninguna relación. En el caso Gramont Berres, nosotros también hicimos la investigación del proyecto de la fábrica de tomates (en La Colmena) y de la fábrica de instrumentos hospitalarios (en Luque). Ese fue un affaire que involucró a la aseguradora italiana Sace. Yo hice el estudio y recomendé al Gobierno paraguayo que se rechace el reclamo de pago de la deuda (80 millones de dólares entonces). Gramont Berres no tenía derecho a firmar en nombre del Estado paraguayo. El Senado debió autorizar. Desgraciadamente se aceptó la jurisdicción de los tribunales suizos. Nunca debió admitirse.

–Fue en la época de González Macchi. ¿Tanto se robó en ese Gobierno?

–Desde el momento en que usted tiene ese fallo de la Corte suiza, qué se puede hacer. Nunca se debió aceptar la jurisdicción suiza.

–Si no se aceptaba, ¿qué pasaba?

–Y se quedaba en el aire. Ellos no podían ejecutar contra el Paraguay. Podía haberse negociado de otra manera. Creo que el caso Gramont Berres todavía no está arreglado porque el Congreso no le presta su consentimiento para que el Gobierno pague. Los bancos europeos que reclaman la plata compraron la deuda hasta el 17 y 18% de su valor nominal –por 100 dólares pagaron 18– y hoy nos exigen el valor nominal más el interés que estaba pautado.

–¿No se les puede acusar de usura?

–Es usura. Lo que pasa es que nuestras autoridades no están preparadas para afrontar este tipo de desafíos.

25 DE ENERO DE 2015.

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