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JURISTA HABLA DE DICTADURA PARLAMENTARIA

Aseguran que en el Congreso están los que impiden el progreso del país

 

La clave del subdesarrollo que sufre nuestro país está en el Congreso, afirma el penalista Nicolás Gaona Irún. En esta entrevista ofrece ejemplos de abierta intromisión del legislativo en los demás poderes. Dice que el tirano Stroessner fue sustituido por 125 tiranuelos, refiriéndose a los 45 senadores y 80 diputados, responsables en su opinión de la eterna inestabilidad política y económica del posestronismo.

–En su libro (Compilación de fallos judiciales), usted hace una dedicatoria “a los que luchan por la intolerancia, la insensibilidad y la estupidez de los tribunales”. ¿Por qué?

–La edición de esta obra se terminó esta semana. En pocas palabras trato de advertir que, de 10 a 8 años a esta parte estamos en uno de los momentos de mayor postración del Poder Judicial desde los tiempos de la dictadura. Lo elaboré con la colaboración de mis alumnos de Taller de Jurisprudencia y Derecho Penal I.

–¿Por qué habla de postración?

–Sí, de sometimiento del Poder Judicial al Legislativo, a través de sus tentáculos, uno de los más gravitantes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados...

–Hoy está en manos de González Daher, el exargañista. Dicen que recibe directivas de Galaverna. Tuvo un proceso por un problema de planilleros...

–La mayor grosería de entrometimiento del poder político está en la ley orgánica del Jurado. Está promovida por políticos de la oposición, que se dice alternativa de poder, en el ámbito de la política...

–¿Quién por ejemplo?

–Por Tito Saguier. En realidad lo que hicieron fue juzgar y reprimir a jueces por opiniones vertidas en el desempeño de sus funciones. Los jueces gozan de inmunidad para que se preserve la integridad del Poder Judicial, de acuerdo al artículo 255 de la Constitución. Pero al juez le juzga y le penaliza un tribunal que no es independiente, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Su ley orgánica fue dictada en violación del 255 de la Constitución.

–¿Qué dice el 255?

–Que los magistrados no podrán ser juzgados por sus opiniones vertidas en el cumplimiento de sus funciones, porque de lo contrario no existe equilibrio de poderes. Este Jurado es la correa de trasmisión de las decisiones de los políticos y no de los juristas. Esta irregularidad crea zozobra y anarquía en el desempeño del Poder Judicial. Esta agresión ya fue advertida hace 18 años por reconocidos juristas de nuestro medio como Juan Carlos Mendonca.

–¿A qué nivel está inficionada la política?

–Completamente.

–¿No existen jueces independientes?

–Hay raras excepciones.

–¿Los jueces reciben órdenes de los legisladores para emitir sus fallos?

–Se opera especialmente a través de los miembros del poder político que integran el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Pero donde con mayor peso se opera es a través del Jurado, cuya ley confronta con la Constitución. El resultado es que los magistrados no tienen la voluntad de resolver los asuntos que quizás tengan una connotación política con sentido técnico, porque se ven amenazados con el garrote político del Jurado.

–¿Qué beneficios saca González Daher con ser la cabeza del Jurado?

–El que maneja el Jurado extiende su poder político mas allá del poder político mismo. Extiende sus tentáculos a otro ámbito que es el técnico. Se pone en juego los bienes, la reputación y el honor de las personas por medio de soluciones políticas, no técnicas. Un ejemplo concreto, una disputa por una banca: si uno tiene la posibilidad de manejar el Jurado, tiene la posibilidad de manejar al juez que está por resolver la disputa por la banca. Históricamente se ha dado en el caso (Alberto) Grillón y en el caso (Jorge) Céspedes en el período de Fernando Lugo.

–Grillón ganó. Era el apadrinado de Lugo y Céspedes tenía que darle su lugar a Nicanor que ya no tenía fuerza porque dejó el poder en el 2008...

–Es un caso típico de por qué el poder político tiene interés concreto en manejar la justicia, porque también es una extensión más del poder político. Lo que debemos reconocer y aceptar como una premisa es que hay un desbalance funcional de los poderes del Estado.

–El desbalance está a favor del Legislativo.

–El Legislativo, en 10 años, ha hecho lo necesario para desacreditarse, al extremo de que hoy a sus miembros se los trata con los peores adjetivos.

–Los llaman dipuchorros y senarratas...

–Yo pregunto. ¿Cómo un senador de la nación va a tener el desparpajo de decir que se debe proteger a las personas que, por corresponder a un cuoteo político, mantienen sus contratos sin laborar. Lo ha hecho Saguier en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Justifica los presupuestos que se asignan a personas que no trabajan. Dice que hay que defenderlas porque pertenecen a su signo político. ¡Esto es un estado de desvergüenza! No tiene nombre. Y proviniendo de opositores, parece que esto forma parte de la fantasía kafkiana...

–El presidente Cartes pidió en su discurso que los magistrados se limiten a cumplir su trabajo de impartir justicia.

–Correcto. Pero no existe justicia porque la Constitución está violentada por los que deben protegerla, los miembros del Congreso.

–En todos los casos de confrontación extrema en estos 24 años de transición, el epicentro fue el Congreso. En el 99 derrocaron al presidente constitucional Raúl Cubas. Lo sustituyeron por González Macchi, uno de los gobiernos más corruptos...

–No se llamó a elecciones. ¿Qué poder del Estado es el que le dio el peso necesario para que González Macchi se mantuviera en forma inconstitucional cuatro años en el poder?: el Congreso. En todos los juicios políticos, en ninguna ocasión se aplicó una ley reglamentaria del juicio político.

–Es que no existe.

–No existe. Eso hace que en cada circunstancia, se haga el proceso de juicio político, sin ninguna regla en el fondo que la contenga, todo para que el grupo dominante del Congreso imponga su voluntad. Así lo hicieron siempre. No importa la razón. No importa el argumento. Basta con que los parlamentarios decidan que políticamente hay que cambiar al ministro o al mismo Presidente. Con Lugo hicieron lo mismo. Mal que nos pese es una situación real que tenemos que enmendar. El Congreso debe admitirlo y aprobar una ley que reglamente el juicio político. Solo de esa forma se va a poder restablecer en cierto modo el equilibrio de los poderes del Estado.

–Ahora que Cartes llama a invertir a los extranjeros, ¿hay garantía jurídica para ellos?

–En mi opinión, no existen garantías en la medida que se mantenga el predominio del poder político sobre el Poder Judicial.

–¿Cómo se puede restablecer?

–Con pocas acciones concretas. Hay que tener voluntad política finalmente. Una acción concreta es dejar sin efecto la ley del Jurado de Enjuiciamiento, algo que se puede hacer sin demasiado ruido. De esa forma se le podrá devolver cierto señorío al Poder Judicial. En segundo lugar, se debe reglamentar el juicio político. Tercero, darle autonomía y autarquía presupuestaria al Poder Judicial. Si tienen su dinero propio, los jueces tienen garantizado que sus opiniones no van a ser objeto de persecución por parte de un poder inquisitivo como el Jurado. De hecho los observadores de la OEA recomendaron, entre otras cosas, una ley que reglamente el juicio político, porque es ahí donde está el factor de desequilibrio...

–Ahora el Gobierno presentó una ley de responsabilidad fiscal, para que los parlamentarios se abstengan de inflar el presupuesto a su antojo...

–Ese es otro caso de intromisión del Congreso en los asuntos de otro poder del Estado, donde el Congreso ejerce el papel de Ejecutivo y no de Legislativo. La función de aplicar los recursos del Estado y de administrar el Estado está a cargo del Ejecutivo. Por eso se llama ejecutivo. Ejecuta aquello que tiene posibilidad concreta de convertirlo en un elemento material.

–Se presupuesta en forma fantasiosa...

–Exacto. Lo que veo que Cartes pide es un acuerdo, para que el Legislativo se autolimite en su facultad de fijar cuánto se debe gastar, siempre muy por encima de los ingresos. Los congresistas tienen esa facultad, pero no es menos cierto que esa facultad puede ser limitada hacia abajo en forma consensuada con los demás poderes del Estado. Lo que está escondido detrás de esto es el uso indiscrecional del dinero público, pero no a través del Ejecutivo sino del Legislativo, poder que comete arbitrariedades con el presupuesto...

–Hace el papel de Ejecutivo.

–Es la demostración de una dictadura parlamentaria. En el fondo, los ciudadanos todavía no conocemos los beneficios de la democracia...

–Muchos de los parlamentarios sí...

–Ellos sí. Lo que tenemos es la disfunción de los poderes del Estado. La diferencia entre Stroessner y el Congreso es que antes había un solo tirano, Stroessner, y hoy tenemos 125 tiranos (45 senadores y 80 diputados). Si estos señores no se dan cuenta del mal que están produciendo a la República, cada vez con más fuerza van a sentir las reacciones, porque su actitud violenta los espíritus. Las tensiones desembocan en violencia.

El Congreso debe volver con urgencia a sus límites naturales. Su función es legislar y no extrapolarse e ir a invadir otros poderes del Estado como lo ha venido haciendo en estos años a lo que llamamos democracia.

holazar@abc.com.py

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