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“En el caso Oviedo se han violado las normas del debido proceso”

El profesor doctor Alejandro Encina Marín, catedrático de criminología y derecho procesal penal en la Universidad Nacional, uno de los máximos exponentes de esta especialidad, desgrana en esta entrevista su punto de vista jurídico sobre el caso del general Lino Oviedo, un desgastante pleito iniciado por el presidente Wasmosy tras el triunfo del militar retirado en las internas presidenciales de su partido y que ha sumido en la incertidumbre política a la nación y virtualmente paralizo la actividad económica. El tramo final del litigio se sustancia en estos días en el seno de la Corte Suprema de Justicia -una verdadera prueba de fuego para sus nueve miembros-, que emitirá su fallo inexorablemente después de Pascua. Para el profesor Encina Marín, todo es claro, nada es difuso: se han violado las normas del debido proceso y, por ende, la Corte tiene obligación de anular la condena militar.­

 

_ ¿Usted no tiene una estadística de cuántos juicios defendió desde que comenzó a ejercer la profesión?­

_ Hace 42 años que estoy en la profesión. Al principio fui fiscal. Fui a Europa. Comencé con muy poco, pero más o menos nuestro promedio de carpeta que estamos llevando es de 60 a 65 procesos.­
 
_ De cuánta gente consta su equipo jurídico.­
_ Hay siete ahora, desde que murió el doctor Elizeche.­
 
_ ¿Usted sigue como catedrático?­
_ Enseño criminología y derecho procesal penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Abandoné hace unos años mi cátedra en la Católica cuando estuve enfermo.­
 
_ ¿Cuál es su opinión de los estudiantes?­
_ Una catástrofe. Cada vez están peor preparados.­
 
_ ¿Y de sus alumnos que después se convirtieron en hombres públicos?­
_ Estoy orgulloso de muchos de ellos.­
 
_ ¿Qué dice de esos cursillistas que hicieron una huelga porque se aplazaron en los exámenes de ingreso?­
_ No hicieron una huelga. Fue un claro disturbio. Pretendieron formar un piquete o comisión garrote para garrotear a los que aprobaron y tenían derecho a seguir rindiendo. Se debió haber tomado una serie de medidas.­
 
_ En este caso, las autoridades cedieron.­
_ El decano fue débil.­
 
_ Usted no permitiría.­
_ Puede tener la seguridad.­
 
_ Castellano es una materia fundamental para el derecho.­
_ Mi hija Alejandra, que ya se recibió de abogada, tenía unos alumnos particulares a los que preparó para estos exámenes. Felizmente entraron todos. Y por ellos me enteré cuáles eran las preguntas conflictivas.­
 
_ ¿Qué, por ejemplo?­
_ Por ejemplo, la pregunta era: “¿Es correcta o incorrecta?”, y a continuación la frase: “Fulano se enamoró y se casó por la hermana de mengano”.­
 
_ Y pusieron que era correcta. Es como la traducción literal de “Nde'iséi chéve” por “no me quiso decir”, como dicen los jugadores de fútbol.­
_ Sí. Cosas así...­
 
_ ¿Qué le hace reflexionar?­
_ Siempre me preocupó. Desde que vi que nuestros propios hijos ya no tenían la misma preparación que teníamos nosotros. Cada vez se lee menos. Los alumnos solo quieren leer dictados, que es el 40% aproximadamente del libro.­
 
Usted es partidario de que sigan los exámenes de ingreso y que tengan esa rigurosidad.­
_ Sí. Ya hay luego más abogados que gente ahora. Ñandereta itereíma.­
 
_ Y con todo esto que se escucha que los abogados son la mitad corruptos.­
_ Y la mitad sinvergüenzas, para hacer una rebaja.­
 
_ Hay muchas quejas con estos casos jurídico-políticos de los abogados que no buscan impartir justicia, sino para retardar que llegue la justicia.­
_ La chicana es una infracción. Muchos abogados no quieren comprender eso.­
 
_ ¿Usted cree que los jueces y magistrados son propensos a aceptar sobornos a cambio de favorecer a una de las partes en los juicios?­
_ Es natural. En un ambiente de corrupción tiene que correr mucha plata. La corrupción es como la droga. Es hablar de venalidad, de sobornos. Todos somos débiles alguna vez.­
 
_ ¿A usted le parece correcto que un pleito político como el caso Oviedo tenga que ser dilucidado en el Poder Judicial? Parece una contradicción.­
_ ¿Por qué? Está bien. Así es la organización legal de la República.­
 
_ ¿Puede una persona ser condenada sin que sus abogados hayan presentado el escrito de defensa?­
_ De ninguna manera. El principio constitucional de que nadie puede ser condenado sin ser oído, integrante de la inviolable defensa en juicio, encuentra su consonancia en el proceso penal durante el estado plenario, en el que, en respuesta al libelo acusatorio, se presente el escrito de defensa, con el cual se tiene especial exigencia. Por lo menos debe otorgarse al reo la oportunidad procesal de hacerse oír y ella en modo alguno se pierde cuando el abogado haya sido negligente y no haya presentado esta pieza. En este caso, el juez debe proveer los medios para realizar la sustitución del defensor negligente.­
 
_ ¿Se puede dar por decaído el derecho para presentar el escrito de defensa final a favor de un acusado de un delito militar o civil?­
_ Como dije, es imposible acceder a un estado de cosas como el que se plantea, toda vez que el artículo 17 de la Constitución establece que “en el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso ni que se le juzgue por tribunales especiales”.­
 
_ ¿Se viola o no se viola la ley?­
_ Las reglas del proceso penal prevén específicamente la presentación del escrito de defensa en el cual se responde al libelo acusatorio y no se puede faltar a esta norma sin violar las que hacen al debido proceso. Nuestros tribunales ordinarios tienen abundante jurisprudencia sobre la materia.­
 
_ ¿Se puede dictar sentencia sin llevar adelante el plenario?­
_ No se puede dictar sentencia sin llevar a cabo el desarrollo total del plenario. Esta es una etapa reconocida unánimemente como la etapa de ``juicio'' en la cual las partes hacen efectiva la contradicción después de haberse agotado este estadio. No se puede dictar sentencia sino transcurrido el estado plenario, y la única otra medida que con equivalencia a la sentencia absolutoria se puede dictar en el sumario es el sobreseimiento libre, que además, por su carácter incidental, se debe resolver por un autointerlocutorio, aunque el mismo tenga el valor y el tratamiento procesal de una sentencia absolutoria.­
 
_ ¿Puede un juez o un tribunal reducir arbitrariamente los plazos procesales que están establecidos en el código, como el Procesal Penal Militar?­
_ Desde el punto de vista de su dictamiento, los plazos procesales se dividen en legales y judiciales o procesales. Los primeros que devienen de la iniciativa del Poder Legislativo se encuentran previstos en la ley. Y el principio de la irrefragabilidad de la ley no permite que sea reemplazado, sino por medio de otra ley. Los plazos procesales o judiciales son aquellos que están reservados a los jueces de manera expresa, sin afectar el ordenamiento legal que rige la cuestión. De esta manera, los jueces no pueden cambiar el texto de una ley a su criterio. Si a todo esto se suma que los plazos son perentorios e improrrogables, puede verse que el esquema procesal es absolutamente rígido.­
 
_ Cuando se acusa a Oviedo de rebelión y sedición ante la justicia ordinaria, ¿esto no implica que todos los hechos conexos -sean delitos civiles o militares- deban tramitarse ante la justicia ordinaria?­
_ Hay una situación de especial privilegio, prevista tanto en la Constitución como en el Código Penal, según la cual cualquier delito cuyo juzgamiento sea discutido entre los fueros ordinario y militar debe ser ventilado en el fuero civil. En el caso de su consulta, he observado con cierta alarma que el tribunal militar extraordinario ha pretendido dividir la investigación de los delitos, sin parar mientes en su conexidad, lo que los arrastraría irremisiblemente hasta la justicia ordinaria. Estimo que existe una violación a las normas del debido proceso.­
 
_ ¿Los tribunales militares forman parte del Poder Judicial? ¿Se puede decir que sus componentes son magistrados dependientes de la Corte?­
_ No. Solamente algunos fallos de los tribunales militares pueden llegar por vía de recurso hasta la Corte Suprema de Justicia. De conformidad con el Código de Organización Judicial, el que estructura los organismos respectivos del Poder Judicial, excluye los tribunales militares de la lista de órganos del referido poder. No existe una situación de dependencia. Las FF.AA. responden al Poder Ejecutivo.­
 
_ ¿El tribunal militar extraordinario que juzgó a Oviedo es o no un tribunal especial prohibido por la Constitución?­
_ Está previsto en el artículo 290 al 295 del Código Procesal Penal Militar en tiempos de paz y de guerra, pero contradice el texto constitucional que prohíbe la formación de tribunales especiales. El fenómeno obedece a que el código militar es anterior a la Constitución Nacional.­
 
_ ¿Y cuál vale?­
_ Por imperio del orden de prelación de las leyes, por supuesto, la Constitución encabeza en su punto más alto la pirámide legal vigente.­
 
_ Si no se respetan las garantías constitucionales en un proceso militar, ¿puede ser anulado por la Corte Suprema?­
_ El profesor Hernán Casco Pagano, en su obra Código Procesal Civil, Comentado y Concordado, explica la supremacía de la Carta Magna.­
 
_ ¿Qué dice?­
_ Que la Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo la función de mantener incólume el principio de la supremacía de la Constitución. Está facultada para declarar de oficio la inconstitucionalidad de las resoluciones en los procesos de cualquier naturaleza que lleguen a su conocimiento en virtud de la ley. Como órgano de custodia de la Constitución, la Corte Suprema, al tomar conocimiento acerca de la violación de las garantías constitucionales en un proceso, tiene la obligación de anularlo, máxime cuando verifique en forma flagrante la violación de normas que son de orden público.­
 

Hugo Ruiz Olazar
Publicado en el Diario ABC Color
Asunción, 5 de abril de 1998

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