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Gobernador de Tarija, Bolivia

Mi derrocamiento se planeó en cúpula oficialista

 

Mario Cossío, cuyo paradero se desconocía en Bolivia hasta que apareció en Asunción, tiene 27 procesos por supuestas irregularidades en su primer período, y fue imputado por la justicia por la pérdida de 1.339 millones de bolivianos (190 millones de dólares) por un “error administrativo”, en favor de una empresa de construcción de caminos. Cinco colaboradores suyos en la gobernación fueron detenidos una semana después de su defenestramiento.
 
La Comisión Nacional para Refugiados (Conare) de nuestro país anunció el viernes pasado que concedió “refugio provisorio” a Cossío.   
  
Para Cossío, las acusaciones en su contra y en contra de los demás líderes opositores son inventadas por el gabinete de Morales y motorizadas por fiscales y jueces adictos al partido oficialista MAS, a través de procesos judiciales para sacar del camino a sus adversarios políticos.   
  
“Ellos planearon mi derrocamiento en una reunión de la cúpula oficialista. Hay un caso que se llama Involsur”.  

-¿Por qué?   

-Es un caso de varios años atrás que ampliaron en contra mía a través de un diputado a nosotros, pero que no era del oficialismo, para que no sea tan notoria la persecución.   

Incluso, unos días antes de  mi derrocamiento, en conferencia de prensa Morales dio el nombre que eligió (Lino Condori, del partido MAS) para sucederme.   
  
Eso confirma que el gobierno central es el que ha planeado el golpe y acaba involucrando al presidente de la República. El, en vez de actuar como dice la Constitución,  denunciando delito de sedición,  alentó el golpe.   
  
-¿Cuál es el argumento de la acusación de corrupción en su contra?   

-Quien hizo la compra no fue la gobernación. Es el Servicio Departamental de Caminos, una institución autárquica (dependiente del gobierno central). Aquí está el contrato (muestra). Y aquí no está mi nombre. No he participado en ningún acto del proceso de contratación. Ellos han licitado, han adjudicado, han firmado el contrato. Cuando entraron en contradicción con la empresa, sobre si correspondía que ellos o la Prefectura resuelva, la ley dice que pueden hacer un recurso jerárquico ante mí como gobernador, como autoridad superior. Entonces, yo dispuse que efectivamente hay una sola personalidad jurídica, y quien tenía que resolver ese contrato era la Prefectura. Dispuse que la resolución se haga vía unidad jurídica. Mandé una carta a esa unidad  para notificar mi resolución y que se haga lo que corresponde: resolver (romper) el contrato y preservar el interés de la institución, conforme señala la ley.   
  
-¿De qué lo acusaron entonces?   

-Primero el fiscal me acusó de que yo no saqué la resolución a tiempo. Pero después, cuando estaba todo el lío, yo fui, puse el pecho, la cara en las audiencias.   
  
-¿Contrato de qué es?   

-Es un contrato de provisión de asfalto para caminos. La empresa entregó 918 toneladas y el ente autárquico le pagó lo que corresponde. Había un saldo de 2.000 que no fueron entregadas. Consecuentemente no fueron pagadas. Es decir, del Servicio de Caminos no salió un solo centavo, más allá del único pago que hicieron por las 918 toneladas. Aquí no se objeta el valor, o sobreprecio o que se ha robado asfalto. Esa no es la discusión. La discusión la introduce el fiscal, de que no se han ejecutado las garantías que la empresa dio para cubrir el contrato.   
  
-¿Cuáles eran las garantías?   

-(lee el contrato) “El proveedor garantiza el correcto cumplimiento y fiel ejecución del presente contrato en todas sus partes con la póliza de seguro de garantía (...) a la orden del Servicio Departamental de Caminos de Tarija, por el 7% del valor del contrato correspondiente a 1.339.000 bolivianos (150 mil dólares)”. No dice a la orden de la Prefectura. Pero, además, la garantía se ejecuta solamente sobre lo no entregado.   

Cuando el Servicio de Caminos recibió uno, pagó lo que correspondía. Cuando no entregaron el saldo les planteó la resolución del contrato, pero al mismo tiempo el Servicio de Caminos mandó ejecutar la póliza de garantía. Dijo: “señores aseguradores, esta empresa no cumplió su contrato. Le pido que me pague la garantía”. Ejecutó como corresponde. La aseguradora, tramposa, dio vueltas, no quiso pagar. Entonces yo puse una demanda penal contra la aseguradora. La demanda que puse  fue rechazada por este fiscal (Robert Muñoz) del caso. Liberó a la empresa aseguradora para mantener la responsabilidad sobre la gobernación.   

Pero algo más, cuando hace eso el fiscal, yo le meto una querella por defender a la aseguradora. Al día siguiente que le puse la querella, él me puso la acusación y por eso me suspendieron.   

-¿Cuál es el daño?   

-El asfalto fue pagado solamente la parte que se entregó. Pagó el Servicio de Caminos. El resto del contrato no fue entregado a nadie. Nunca salió de la cuenta. Está en la cuenta del Servicio de Caminos. En todo caso, lo que pudo haberse generado es un ingreso adicional por efecto de la póliza, una póliza que fue mandado a cobrar oportunamente, y que no fue pagada por la complicidad del fiscal.

Todavía soy el gobernador

“Yo sigo siendo el gobernador porque fui electo por la voluntad popular y no hay otro poder que el pueblo para destituirme”, dijo con convicción en una entrevista con ABC el gobernador del departamento boliviano de Tarija, Mario Cossío, refugiado en Paraguay tras declararse perseguido político.   

Acusó de dictador al presidente Evo Morales y de embarcarse en una campaña para suprimir toda oposición.   

Dijo que al igual que él, otros seis alcaldes (intendentes) de la oposición han sido derrocados o están en camino de ser destituidos por no rendirse a la voluntad del Jefe de Estado, entre quienes citó al alcalde de las ciudades de Potosí, Sucre y La Paz.   
 
El próximo objetivo es la expulsión de los gobernadores de Santa Cruz (Costas) y del departamento de Beni (Suárez), manifestó.

Hugo Ruiz Olazar
Publicado en el Diario ABC Color
Lunes, 27 de diciembre de 2010

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