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EXTRAÑAS CIRCUNSTANCIAS DEL MAGNICIDIO (16)

Ataron de pies y manos a la Policía para que no interviniera en la matanza

 

Habiendo tenido toda la autoridad jurídica para ordenar el desmantelamiento o despeje total del sitio a fin de evitar los hechos de sangre que se sucedieron después, se mantuvieron misteriosamente impávidos sin atinar una reacción enérgica que detuviera la masacre. Al final, imputaron y condenaron a la severa pena de 18 años de cárcel al comandante comisario Niño Trinidad Ruiz Díaz, en un intento tal vez de borrar las huellas de su propia culpabilidad. 

Ahí estaban otra vez el juez Gustavo Ocampos, sobrino político de Argaña, los fiscales Amarilla y Alcaraz, este último compadre de Nelson Argaña, además de los fiscales Blas Imas, Carlos Arregui y, el mismo jefe del Ministerio Público, el fiscal general Cabrera Verón.

El ministro del Interior, Carlos Cubas, que había sustituido en el cargo al comisario Rubén Arias Mendoza (que renunció el día del atentado), se había instalado en la Comandancia, en el despacho de su titular, el comisario Ruiz Díaz, con el objetivo de dirigir el operativo para restablecer el orden. Su presencia en el lugar no podía ser interpretada de otra manera. 

Algunos magistrados acompañaron a Ruiz Díaz a verificar la denuncia de los argañistas sobre los supuestos francotiradores ‘‘oviedistas’’ apostados en el edificio Zodiac y fueron más bien testigos de la presencia de gente armada en los techos de la Cámara de Diputados, hasta donde la Policía inexplicablemente no pudo acceder ante la violenta y amenazante actitud de Walter Bower que tenía preparado un verdadero ‘‘ejército’’ de guardaespaldas privados, prácticamente alzado contra el poder constituido. 

En el edificio del Senado ocurría una escena parecida. No se permitía el más mínimo protagonismo de la Policía. 
 
LOS SOSPECHOSOS 

Los testigos después identificaron entre los que lideraban la custodia a los generales wasmosistas Ayala, Benítez Santacruz y Morel Garay (actual embajador en Venezuela), mayor Elías, el suboficial Ocholavsky (preso y procesado por el brutal crimen de un chofer del diario Ultima Hora), Lincoln Alfieri (designado embajador en Sudáfrica, fotografiado saliendo del Senado con un fusil M-16 al hombro), además de varios civiles. 

Entre ellos también había oficiales en actividad vestidos de civil, de acuerdo con informes de otros testigos. 

Walter Gamarra, el funcionario de Hacienda que fue filmado cuando disparaba su arma, fue condenado a 25 años de cárcel. En contraste, Alfieri, que portaba un fusil de guerra, ni siquiera fue investigado y más bien ‘‘premiado’’ como embajador en Sudáfrica. 

Carmen Rodríguez de Arias y Darcy González de Woroniecki, de la Coordinadora de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos del régimen afirman que sus investigaciones paralelas prueban que los masacrados en la plaza recibieron impactos de bala de fusil M-16. 

Así como en el sitio del atentado contra Argaña, el diputado Bower había adquirido una extraña y llamativa conducta desafiante, como si estuviera desempeñando una misión. 

Los médicos y paramédicos que se encargaron de atender a los heridos y muertos hicieron desaparecer todas las evidencias de proyectiles. A las víctimas no se les practicó autopsia.

Desde el día domingo 28, los heridos que ingresaban al Hospital de Primeros Auxilios eran divididos en antioviedistas y oviedistas. Estos últimos eran maltratados y hasta obligados a abandonar el nosocomio sin ser atendidos. 

LOS PROYECTILES 

Un hecho no menos curioso fue el ‘‘oportuno’’ envío a la plaza de camiones recolectores de basura y funcionarios municipales por el intendente Martín Burt, para recoger las vainillas servidas de los disparos, dispersadas sobre la avenida República, frente al Senado, indicio patente de que las balas partieron desde el techo del edificio. Todas las evidencias desaparecieron, salvo las exhibidas por fotografías y filmaciones periodísticas a través de las cuales se pudieron identificar proyectiles provenientes de armas de guerra. 

Inexplicablemente se había paralizado a la Policía que a todas luces se encontraba desorientada, más aún al observar impotente la masacre que se iba produciendo y la presión de la radio y televisión cuyos responsables -en forma casi concertada- inducían abiertamente al alzamiento popular tratando de ‘‘asesinas’’ y ‘‘criminales’’ a las autoridades, en una maniobra exactamente parecida a la vivida este año en Venezuela, hábilmente abortada por el presidente Chávez. 

TORRES HEYN 

El comandante de las Fuerzas Militares, general Torres Heyn, que había prometido apoyar a la Policía con sus tropas en horas de la tarde, antes de la tragedia, no intervino y más bien envió tanquetas a la noche, sin ninguna efectividad, después de ocurridas las desgracias y cuando la ira popular contra el Gobierno se había apoderado de la muchedumbre. 

El 17 de mayo del 99 fue condecorado por el jefe del Comando Sur de EE.UU., general Charles Wilhelm, y la embajadora Maura Harty en el Palacio de Gobierno. 

En el desaparecido diario El Día, de propiedad del ex presidente Wasmosy, se publicó que Torres Heyn ‘‘recibía instrucciones directas de la embajadora norteamericana Maura Harty y sus asesores militares durante la crisis de marzo’’ y que ese fue ‘‘el principal motivo de la condecoración que impuso el Gobierno de EE.UU. al comandante de las Fuerzas Militares del Paraguay’’ (19-05-99, Pág. 7). 

Wilhelm dijo en un mensaje que Torres ‘‘supo imponer sus habilidades diplomáticas y proporcionó orientación profesional y coherente durante un periodo de severa crisis nacional en el que sectores políticos y militares solicitaban la intervención de las Fuerzas Armadas’’. 

El militar estadounidense desvirtuó no obstante las versiones que aseguraban la participación directa del gobierno de Bill Clinton en el derrocamiento de Raúl Cubas. 

WASMOSY 

‘‘No es política de mi gobierno intervenir en asuntos internos del Paraguay como de ninguna otra nación’’, afirmó entonces en conferencia de prensa. 

Wasmosy mantenía buenas relaciones con el gobierno de Clinton y se le atribuye haber contribuido para la campaña presidencialista demócrata de 1996 con 100.000 dólares a través del filipino-estadounidense Mark Jiménez, que explotaba negocios de importación en Ciudad del Este, considerado como un importante referente financiero de Clinton. 

Carlos Mersán, asesor económico de Wasmosy, asistió en febrero de 1996 en la Casa Blanca, a uno de los desayunos de recaudación de fondos, organizados por el presidente norteamericano. 

Los que fueron víctimas de la persecución wasmoargañista desatada en el 99 dicen estar convencidos de la participación norteamericana en el derrocamiento del presidente Cubas, aunque sea indirecta, basados entre otros detalles por la animadversión exteriorizada contra Lino Oviedo por el que fuera subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, Peter Romero, y la hostilidad demostrada por Maura Harty contra el Gobierno de Cubas. 

(continuará...)

Hugo Ruiz Olazar
Publicado en el Diario ABC Color
Domingo, 13 de abril del 2003

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